El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió este miércoles la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por la Casa Gris, para lo cual se envió un nuevo paquete de medidas a la Legislatura que busca endurecer aún más las acciones ya en marcha.

“No es momento de flexibilizar la política de seguridad. Cuando un gobierno demuestra, junto con la Fiscalía y las instituciones del sistema penal, que las herramientas disponibles mejoran los indicadores, eso habilita a pedir nuevos instrumentos”, dijo el funcionario.

Y añadió: “Los niveles de violencia disminuyeron de manera significativa, pero todavía estamos lejos de una situación óptima si nos comparamos con otras provincias y con la tasa nacional de homicidios. Por eso, la instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro es profundizar el rumbo y no levantar el pie del acelerador en la lucha contra la delincuencia”.

El ministro se expresó durante el derribo de otro punto de venta de drogas en Rosario. Con esta intervención, la Provincia alcanza los 119 inmuebles inactivados desde la implementación de la Ley de Microtráfico, una herramienta que el Gobierno de Santa Fe presenta como eje de su estrategia para reducir la violencia y recuperar territorios dominados por economías criminales.

Los derribos comenzaron a ejecutarse a principios de 2024 como parte de una estrategia coordinada entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe y, según el caso, fuerzas federales y gobiernos locales.

La política de microtráfico contempla no solo la persecución penal del narcomenudeo, sino también la inactivación de inmuebles utilizados para la comercialización de drogas o vinculados a hechos de violencia grave. El objetivo es impedir que esos espacios vuelvan a funcionar como focos delictivos en los barrios.

Desde su implementación, la Ley de Microtráfico se consolidó como una de las principales herramientas de la estrategia de seguridad provincial para intervenir sobre economías criminales de pequeña escala, reducir la violencia y recuperar zonas afectadas por la presencia del delito organizado.