Las denuncias sobre presuntos privilegios y circuitos de corrupción dentro de las cárceles santafesinas volvieron a quedar bajo la lupa a partir del juicio contra la banda de Francisco “Fran” Riquelme, que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal de Rosario y cuyo veredicto está previsto para este sábado 30.

En ese contexto, el diputado provincial Carlos del Frade presentó un pedido de informes en la Legislatura para que el gobierno santafesino aclare si, tal como surgió en el debate oral, las comodidades de las que habrían gozado algunos presos de alto perfil dentro del Servicio Penitenciario estuvieron ligadas al pago de coimas durante el período 2021-2023.

El legislador del Frente Amplio por la Soberanía pidió precisiones concretas: si esas maniobras pudieron comprobarse, quiénes fueron los responsables dentro del sistema penitenciario, qué medidas se adoptarán y si existen denuncias sobre la continuidad de estas prácticas de corrupción institucional.

El planteo toma como punto de partida el juicio a Fran Riquelme, acusado de liderar una asociación ilícita desde prisión e instigar dos homicidios. La Fiscalía reiteró para él el pedido de prisión perpetua. El proceso, iniciado en marzo, involucra a 15 acusados, aborda seis asesinatos y acumula doce pedidos de condena a la pena máxima.

Según Del Frade, uno de los aspectos más sensibles del juicio quedó expuesto durante los alegatos de cierre, cuando la defensa del acusado sostuvo que atribuirle a Riquelme el liderazgo de una organización criminal desde la cárcel implica reconocer “el fracaso del sistema carcelario” y la comisión de delitos “con la aquiescencia del Estado”.

La defensa, a cargo de Antonela Travesaro, fue más allá al sostener que “acá tendrían que estar sentados, al lado de Riquelme, el director de Piñero entre 2021 y 2023 y el responsable político del Servicio Penitenciario a nivel provincial”.

El diputado retomó además publicaciones periodísticas recientes sobre el funcionamiento interno de las cárceles santafesinas, donde investigadores describieron la existencia de “kioscos” dentro del Servicio Penitenciario, un eufemismo utilizado para referirse a presuntos mecanismos de connivencia y corrupción.

“Todo estaba tarifado. Es un mundo muy difícil de penetrar, como si estuviese organizado para ocultar lo que pasa adentro”, citó Del Frade en los fundamentos de su iniciativa, aludiendo a testimonios recogidos en una investigación periodística.

En la misma línea, mencionó denuncias recientes sobre el ingreso irregular de celulares y drogas a los penales provinciales. Según un mensaje citado en su presentación legislativa, “los detenidos les pagan a directivos y guardias entre 300 mil y un millón de pesos para pasar celulares y droga”.

Para el legislador, el juicio a la banda de Riquelme reabre interrogantes sobre uno de los períodos más violentos atravesados por Rosario, especialmente entre 2020 y 2023, y obliga a revisar cómo pudieron sostenerse estructuras criminales dirigidas desde el interior de las cárceles.

“Es fundamental explicar de manera pública y precisa si efectivamente pudo comprobarse que las comodidades que gozaban ciertos presos estaban relacionadas con el pago de coimas; quiénes fueron los responsables y qué acciones se tomarán para evitar la continuidad de estas formas de corrupción institucional”, insistió Del Frade.