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Nuevos datos complican a Adorni en la causa por enriquecimiento
El propietario de una casa alquilada por Manuel Adorni en el country Indio Cuá declaró este miércoles ante la Justicia y aportó nuevos detalles sobre pagos y contratos realizados por el funcionari...
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El propietario de una casa alquilada por Manuel Adorni en el country Indio Cuá declaró este miércoles ante la Justicia y aportó nuevos detalles sobre pagos y contratos realizados por el funcionario nacional. La investigación busca determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete se corresponde con sus ingresos declarados. El testigo confirmó operaciones en dólares, extensiones de alquiler y entregó conversaciones de WhatsApp y documentación vinculada al caso.
El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad que Adorni alquiló junto a su familia en el barrio privado Indio Cuá. Según reveló el testigo, el funcionario fue inquilino de la vivienda en dos oportunidades: primero durante el verano de 2024 y luego mientras avanzaba la remodelación de una casa propia adquirida en el mismo country.
De acuerdo con la causa, Adorni había firmado un contrato anual desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 por un valor de 13 mil dólares. Sin embargo, Rodríguez aseguró ante la Justicia que el alquiler se extendió verbalmente por otros tres meses debido a demoras en la obra de refacción de la propiedad del funcionario, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.
El testimonio también incorporó un dato que no figuraba hasta ahora en el expediente: Adorni ya había alquilado la misma casa antes de asumir funciones en el Gobierno nacional. Según Rodríguez, el actual jefe de Gabinete ocupó el inmueble durante enero y febrero de 2024, tras firmar un contrato temporal en octubre de 2023. Ese alquiler habría costado otros 5.600 dólares.
Todos los pagos, indicó el propietario, fueron realizados en efectivo y en moneda estadounidense. Además, el testigo entregó copias de los contratos firmados y conversaciones de WhatsApp mantenidas con el funcionario, elementos que ahora serán analizados por la Justicia federal.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan un posible enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Según la reconstrucción realizada a partir del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380 mil dólares vinculadas a operaciones inmobiliarias, además de deudas que superarían los 335 mil dólares.
La investigación también apunta a reconstruir los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. Para eso, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaborará un informe comparando ingresos y gastos declarados para determinar si existen inconsistencias patrimoniales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad que Adorni alquiló junto a su familia en el barrio privado Indio Cuá. Según reveló el testigo, el funcionario fue inquilino de la vivienda en dos oportunidades: primero durante el verano de 2024 y luego mientras avanzaba la remodelación de una casa propia adquirida en el mismo country.
De acuerdo con la causa, Adorni había firmado un contrato anual desde marzo de 2024 hasta marzo de 2025 por un valor de 13 mil dólares. Sin embargo, Rodríguez aseguró ante la Justicia que el alquiler se extendió verbalmente por otros tres meses debido a demoras en la obra de refacción de la propiedad del funcionario, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.
El testimonio también incorporó un dato que no figuraba hasta ahora en el expediente: Adorni ya había alquilado la misma casa antes de asumir funciones en el Gobierno nacional. Según Rodríguez, el actual jefe de Gabinete ocupó el inmueble durante enero y febrero de 2024, tras firmar un contrato temporal en octubre de 2023. Ese alquiler habría costado otros 5.600 dólares.
Todos los pagos, indicó el propietario, fueron realizados en efectivo y en moneda estadounidense. Además, el testigo entregó copias de los contratos firmados y conversaciones de WhatsApp mantenidas con el funcionario, elementos que ahora serán analizados por la Justicia federal.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes investigan un posible enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni. Según la reconstrucción realizada a partir del expediente, al funcionario se le atribuyen erogaciones por al menos 380 mil dólares vinculadas a operaciones inmobiliarias, además de deudas que superarían los 335 mil dólares.
La investigación también apunta a reconstruir los movimientos financieros de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años. Para eso, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaborará un informe comparando ingresos y gastos declarados para determinar si existen inconsistencias patrimoniales.
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