La pelea por el futuro urbanístico del entorno del Monumento a la Bandera vuelve este lunes al Concejo Municipal. La Asociación Vecinal Monumento participa de una audiencia en la comisión de Planeamiento para reiterar su rechazo a la propuesta del Ejecutivo rosarino que busca modificar las reglas edilicias del Área de Protección Histórica (APH) del Parque Nacional a la Bandera.

Según denuncian los vecinos, la discusión ya no gira solamente en torno al expediente para una excepción a la norma en favor de una vivienda ubicada en avenida Belgrano 548, donde se pretende autorizar una construcción de 11 pisos pese a que la normativa vigente admite una altura máxima de planta baja y cuatro pisos. Ahora, afirman, el gobierno municipal pretende extender esa posibilidad a todo el frente de avenida Belgrano.

“Van por mucho más”, advirtió Ilka Luetich, presidenta de la Asociación Vecinal Monumento. Según explicó, la nueva propuesta permitiría edificaciones de hasta 35 metros de altura –planta baja más 11 pisos– sobre los inmuebles frentistas de Belgrano, mientras que también modificaría parámetros sobre calles Santa Fe y Buenos Aires.

La presidenta de la comisión, María Fernanda Gigliani, informó que ingresaron presentaciones de la Academia de Arquitectura y Urbanismo y de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, ambas contrarias a promover la construcción en altura en ese área de preservación patrimonial.

Para Luetich, el cambio pone en riesgo el valor patrimonial de una de las áreas urbanas más sensibles de Rosario. “El Monumento a la Bandera es el único dedicado a una enseña nacional en el lugar donde se izó por primera vez. Por eso existe un área de protección especial. Si hay edificios altos cerca, ¿la respuesta es liberar todo?”, cuestionó.

Los vecinos apuntan particularmente al origen del conflicto: la propiedad de Belgrano 548, perteneciente a cinco hermanos de la familia Agüero, que adquirió el inmueble en la década del 60, cuando las restricciones de altura ya estaban vigentes. Luetich sostuvo que, a lo largo de los años, existieron alternativas de compensación como la expropiación inversa, mecanismo aplicado en otros inmuebles de valor patrimonial. “El problema no es que no puedan construir: pueden hacer planta baja y cuatro pisos. El problema es que quieren construir más porque quieren ganar más dinero”, disparó.

En paralelo, el debate abrió interrogantes sobre las herramientas creadas justamente para resolver este tipo de conflictos sin alterar la normativa histórica. Entre ellas aparece el Fondo de Preservación Urbanística, creado por ordenanza municipal en 1991 para financiar políticas de protección patrimonial, restauración de edificios históricos e incluso eventuales expropiaciones. La norma establece que sus recursos deben destinarse exclusivamente a la preservación del patrimonio urbano, arquitectónico e histórico de la ciudad.

Sin embargo, sectores críticos del proyecto cuestionan que esos recursos no se estén utilizando para asistir a propietarios alcanzados por restricciones patrimoniales. Por el contrario, señalan que una porción significativa del fondo figura asignada en el Presupuesto 2026 a obras de remodelación en el Palacio de los Leones, sede del Ejecutivo municipal. Un documento presupuestario oficial prevé más de 1.373 millones de pesos para la “Remodelación Palacio de los Leones” dentro del Fondo de Preservación Urbanística.

Desde la oposición describen el funcionamiento del fondo como “complejo y opaco” y remarcan que, mientras durante años vecinos y propietarios solicitaron ayuda sin respuestas, los recursos permanecieron subejecutados o fueron orientados a otros fines.

La controversia también alcanza al sistema de compensaciones urbanísticas. Luetich señaló que existe un régimen de “contribución compensatoria por mayor edificabilidad”, mediante el cual quienes reciben permisos excepcionales deberían compensar económicamente al municipio. Según sostuvo, los valores fijados por metro cuadrado resultan bajos y en ocasiones las contraprestaciones terminan realizándose mediante obras, reduciendo aún más el aporte efectivo.

Otro de los cuestionamientos apunta a la infraestructura. La vecinal advierte que el área presenta problemas de servicios básicos y que una mayor densificación agravaría un escenario ya crítico. “Tenemos cañerías de agua de más de cien años, problemas recurrentes con la energía eléctrica y en verano la zona colapsa. Si se sigue habilitando construcción indiscriminada sin planificación, no hay cómo responder”, afirmó Luetich.

Los vecinos también cuestionan los tiempos políticos de la reforma. Recuerdan que la última modificación integral de la ordenanza de Áreas de Protección Histórica se realizó en 2011 y denuncian que ahora el Ejecutivo intentó avanzar con cambios profundos “en cuestión de días”. “Durmieron quince años y de golpe querían cambiar una normativa histórica en una semana”, criticó la dirigente.

La audiencia de este lunes aparece así como un nuevo capítulo de una discusión que combina patrimonio, negocio inmobiliario, financiamiento urbano y una pregunta de fondo: hasta dónde puede crecer en altura el entorno del Monumento sin alterar la identidad urbana del lugar más emblemático de Rosario.