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Revocan la cautelar y vuelve a regir la Ley de Glaciares
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. De esta manera, el trib...
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La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz. De esta manera, el tribunal hizo lugar a los planteos impulsados por la Procuración del Tesoro de la Nación y restableció la plena vigencia de la normativa en territorio santacruceño.
La cautelar había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos tras una presentación realizada por autoridades municipales y legisladores de El Calafate. Sin embargo, los camaristas consideraron que la resolución de primera instancia no contaba con fundamentos suficientes para justificar la suspensión de una ley sancionada por el Congreso Nacional y cuestionaron además la legitimidad de los demandantes para representar los intereses de toda la provincia.
Desde el Gobierno nacional celebraron la decisión judicial y la interpretaron como un respaldo al esquema de competencias compartidas entre Nación y provincias en materia ambiental. Según señalaron desde la Procuración del Tesoro, el fallo reafirma el principio según el cual el Estado nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las jurisdicciones provinciales conservan facultades para complementar y aplicar esas normas.
La resolución generó críticas por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que impulsan distintas acciones colectivas contra las modificaciones introducidas a la legislación. Los sectores que cuestionan la norma sostienen que la flexibilización de las restricciones podría afectar áreas glaciares y periglaciares estratégicas para la preservación de recursos hídricos. En ese marco, adelantaron que continuarán promoviendo medidas judiciales para intentar frenar la aplicación de la ley y reforzar la protección de los ecosistemas de alta montaña.
La cautelar había sido dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos tras una presentación realizada por autoridades municipales y legisladores de El Calafate. Sin embargo, los camaristas consideraron que la resolución de primera instancia no contaba con fundamentos suficientes para justificar la suspensión de una ley sancionada por el Congreso Nacional y cuestionaron además la legitimidad de los demandantes para representar los intereses de toda la provincia.
Desde el Gobierno nacional celebraron la decisión judicial y la interpretaron como un respaldo al esquema de competencias compartidas entre Nación y provincias en materia ambiental. Según señalaron desde la Procuración del Tesoro, el fallo reafirma el principio según el cual el Estado nacional establece los presupuestos mínimos de protección ambiental, mientras que las jurisdicciones provinciales conservan facultades para complementar y aplicar esas normas.
La resolución generó críticas por parte de organizaciones y abogados ambientalistas que impulsan distintas acciones colectivas contra las modificaciones introducidas a la legislación. Los sectores que cuestionan la norma sostienen que la flexibilización de las restricciones podría afectar áreas glaciares y periglaciares estratégicas para la preservación de recursos hídricos. En ese marco, adelantaron que continuarán promoviendo medidas judiciales para intentar frenar la aplicación de la ley y reforzar la protección de los ecosistemas de alta montaña.
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