Cinco policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fueron imputados este fin de semana como coautores del delito de "tortura seguida de muerte", mientras que un efectivo del Cuerpo Guardia de Infantería fue acusado por "vejaciones", en una causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 17 de enero tras ser detenido y alojado en la comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe.

Las imputaciones fueron formuladas por el fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación, durante una audiencia realizada ante la jueza Cecilia Labanca. El próximo miércoles se debatirán las medidas cautelares y la Fiscalía anticipó que solicitará la prisión preventiva para los seis uniformados.

Según la acusación, todo comenzó alrededor de las 14.30 del sábado 17 de enero, cuando dos efectivos acudieron a la esquina de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, tras un llamado que advertía que González atravesaba una crisis de salud mental.

Para el fiscal, los policías "incumplieron" los protocolos que establecen la intervención de personal sanitario y, en cambio, redujeron al hombre mediante un uso "ilegítimo, excesivo y desproporcionado" de la fuerza.

La reconstrucción realizada por el MPA sostiene que González fue derribado, esposado y golpeado mientras permanecía en el suelo. Con la llegada de otros agentes del Comando Radioeléctrico, las agresiones continuaron y luego fue arrojado a la caja de una camioneta policial, donde también habría recibido malos tratos.

La Fiscalía afirmó además que un familiar de la víctima les advirtió a los uniformados que González había sido sometido recientemente a una cirugía abdominal. Sin embargo, lejos de cesar la violencia, los policías habrían intensificado las agresiones durante el traslado.

De acuerdo con la imputación, dentro del vehículo oficial recibió golpes de puño y con un bastón o una escopeta, mientras permanecía esposado e imposibilitado de defenderse.

El fiscal sostuvo que las agresiones le provocaron al menos veinte lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas la fractura de una costilla. Pese al delicado estado de salud y a que la víctima se encontraba prácticamente inconsciente, los efectivos no lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial. En cambio, pasaron por una estación de servicio, luego por Medicina Legal y finalmente lo llevaron a la comisaría Octava.

Siempre según la investigación, González fue ingresado a un calabozo y quedó sin asistencia médica, a pesar de la gravedad de su cuadro. Horas después falleció. Para Hernández, las torturas sufridas fueron la causa de la muerte y los policías actuaron aceptando "con total indiferencia el evidente riesgo letal" que implicaban sus acciones.

Además de la acusación por tortura seguida de muerte contra los cinco integrantes del Comando Radioeléctrico, el efectivo de Infantería fue imputado como coautor del delito de vejaciones calificadas por el grave daño ocasionado a la salud de la víctima. Uno de los policías también quedó imputado en otro expediente por los delitos de vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.

La continuidad del proceso judicial tendrá un nuevo capítulo el próximo miércoles, cuando la Justicia defina si los seis efectivos permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación.