Cococcioni señaló que la presencia de cuidacoches en la vía pública puede convertirse en un factor de riesgo y afirmó que la regulación debe contemplar las distintas realidades de los municipios santafesinos. Según explicó, existen localidades donde la actividad está vinculada a sistemas autorizados por los gobiernos locales, mientras que en otras está expresamente prohibida.

El ministro de Seguridad sostuvo que la legislación debería aplicarse especialmente en aquellos distritos donde los municipios hayan establecido la prohibición. En ese sentido, remarcó que el objetivo es contar con una herramienta que permita intervenir frente a situaciones conflictivas sin generar nuevos procesos dentro de la Justicia penal.

"Que no se trate al cuidacoches como si hubiera que hacerle un juicio y nombrar un fiscal", planteó Cococcioni, al cuestionar una eventual judicialización de cada caso. Para el funcionario, esa alternativa implicaría mayores costos para el Estado y existen mecanismos más simples para resolver las situaciones en la vía pública.

La propuesta del Ministerio de Seguridad apunta a implementar sanciones contravencionales rápidas, sin recurrir necesariamente a la privación de la libertad. Entre las alternativas mencionadas figura un "decreto penal de prohibición de concurrencia", una herramienta que permitiría retirar a una persona del lugar mediante intervención policial y limitar su regreso a la zona donde se produjo la infracción.

El debate continuará este jueves en el Senado santafesino, donde se analizará el proyecto que busca establecer un marco provincial para la actividad de los cuidacoches. La discusión se da en medio de posiciones diversas sobre la forma en que debe intervenir el Estado ante la presencia de quienes trabajan informalmente en la calle.