Con buena parte de la atención pública concentrada en la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial, el gobierno de Javier Milei buscará este jueves avanzar en el Senado con el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de amplio alcance que modifica seis leyes nacionales y que, según especialistas y organizaciones del sector cooperativo, podría producir uno de los cambios más profundos de las últimas décadas en el régimen de propiedad de la tierra, las expropiaciones y las empresas recuperadas.

Uno de los capítulos más controvertidos es el que reforma la Ley 26.737 de Tierras Rurales. De aprobarse el texto enviado por el Poder Ejecutivo, desaparecerían prácticamente todos los límites que hoy existen para la compra de tierras rurales por parte de capitales privados extranjeros.

La legislación vigente establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la superficie rural nacional ni de cada provincia; además, fija un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad, limita a 1.000 hectáreas las adquisiciones en la denominada zona núcleo y prohíbe que extranjeros sean propietarios de tierras con grandes cuerpos de agua o lindantes con ellos.

El proyecto modifica de raíz ese esquema. La reforma redefine quiénes serán considerados "extranjeros" a los efectos de la ley y deja fuera de sus alcances a personas físicas extranjeras, fondos de inversión, multinacionales y empresas privadas con capital extranjero. En la práctica, las restricciones quedarían limitadas casi exclusivamente a Estados extranjeros y empresas controladas por ellos.

Como consecuencia, también quedarían derogadas las disposiciones que fijan los topes del 15% y del 30%, el límite de 1.000 hectáreas en la zona agrícola más fértil del país, la prohibición sobre tierras con cuerpos de agua permanentes y el Consejo Interministerial que actualmente supervisa esas operaciones.

Según el informe jurídico incorporado al debate parlamentario, ello implica que un fondo de inversión o un magnate extranjero podría adquirir extensas superficies rurales –incluso con acceso a lagos, humedales o reservas de agua dulce– sin quedar alcanzado por los controles que hoy establece la legislación, salvo en zonas de frontera donde seguirían vigentes otras normas específicas.

Los defensores de la iniciativa sostienen que la legislación actual desalienta inversiones productivas y que la Constitución promueve la radicación de capital extranjero. También argumentan que el verdadero riesgo para la soberanía radica en la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y no de inversores privados, razón por la cual el control debería concentrarse únicamente sobre estos últimos.

Las críticas, en cambio, apuntan a que el proyecto elimina sin reemplazo los mecanismos de control sobre la concentración extranjera de recursos estratégicos. Organizaciones ambientalistas, campesinas y especialistas en soberanía territorial advierten que la reforma facilitaría la extranjerización de tierras productivas, humedales, reservas de agua y otros bienes naturales considerados estratégicos para el país.


MALA NOTICIA PARA LAS RECUPERADAS

El proyecto también modifica el régimen de expropiaciones. Un análisis elaborado para el Instituto de la Cooperación (Idelcoop) sostiene que la iniciativa cambia el paradigma jurídico vigente al privilegiar una concepción de la propiedad privada como un derecho prácticamente absoluto, en detrimento de su función social reconocida por la Constitución y la jurisprudencia.

Ese trabajo elaborado por la abogada y licenciada en Cooperativismo rosarina Marcela Macellari advierte que las nuevas reglas harían mucho más difíciles las expropiaciones destinadas a preservar fuentes de trabajo, ya que restringen el concepto de utilidad pública, encarecen significativamente las indemnizaciones y limitan la ocupación temporaria de inmuebles a un máximo de 90 días. Según el documento, esas modificaciones pondrían en riesgo la continuidad de empresas recuperadas por sus trabajadores y cooperativas de trabajo, una herramienta utilizada desde la crisis de 2001 para sostener miles de puestos laborales.

Mientras el Gobierno procura convertir la iniciativa en ley, el debate parlamentario se desarrollará en un contexto inusual: buena parte de la agenda mediática y del interés social permanece concentrada en la histórica clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial, una circunstancia que la oposición y diversos sectores sociales consideran funcional para avanzar con una de las reformas más sensibles impulsadas por la administración de Javier Milei.