El Gobierno nacional autorizó este lunes un anticipo financiero de hasta 400.000 millones de pesos para la provincia de Córdoba con el objetivo de atender necesidades transitorias de caja, afrontar compromisos presupuestarios y hacer frente a vencimientos de deuda.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 584/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que la asistencia será administrada por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, organismo que determinará el monto efectivo a desembolsar de acuerdo con la situación financiera de la provincia y su capacidad de repago.

Según la norma, los recursos deberán ser restituidos antes de finalizar el ejercicio fiscal 2026 mediante descuentos automáticos sobre los fondos que Córdoba recibe por coparticipación federal y otros recursos coparticipables sin asignación específica.

El decreto también dispone que el anticipo devengará una tasa fija nominal anual del 15%, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el momento del desembolso hasta su cancelación.

Para hacer operativa la asistencia, la administración del gobernador Martín Llaryora deberá autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar las retenciones necesarias sobre los fondos coparticipables, conforme al régimen previsto en la Ley de Coparticipación Federal.

Además, el Ministerio de Economía quedó facultado para definir el cronograma de desembolsos, las condiciones de devolución y suscribir los convenios correspondientes con la provincia.

En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo sostuvo que Córdoba atraviesa una situación financiera transitoria que dificulta el cumplimiento de obligaciones vinculadas con la ejecución del presupuesto y la amortización de deuda pública.

El mecanismo utilizado se encuentra previsto en el artículo 124 de la Ley 11.672, que habilita al Ministerio de Economía a conceder anticipos financieros a las provincias a cuenta de los recursos que les corresponden por la distribución de impuestos nacionales.

La asistencia a Córdoba se suma a otras similares otorgadas este año a distintas jurisdicciones. Entre ellas figuran Entre Ríos, que recibió un anticipo de hasta 220.000 millones de pesos, y las provincias de Santa Fe y Jujuy, incorporadas posteriormente al mismo esquema de asistencia por hasta 400.000 millones.

La decisión se conoce en medio de una etapa de mayor acercamiento entre la Casa Rosada y los gobernadores, en un contexto de negociaciones políticas con las provincias para avanzar en distintos proyectos legislativos impulsados por el Gobierno nacional.