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Presupuesto 2027: desde el PJ cuestionan el recorte de fondos para Santa Fe
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla una reducción de los recursos destinados a distintas áreas en Santa Fe y traslada nuevas responsabilidades de gasto a las provincias, según advirt...
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El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla una reducción de los recursos destinados a distintas áreas en Santa Fe y traslada nuevas responsabilidades de gasto a las provincias, según advirtió el diputado justicialista Walter Agosto, al analizar la iniciativa presentada por el gobierno nacional.
El legislador, integrante del interbloque de diputados justicialistas, cuestionó distintos aspectos del proyecto a través de un proyecto de comunicación referido al impacto de las previsiones nacionales sobre Santa Fe.
Uno de los puntos señalados es el financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial. Según Agosto, los fondos previstos no contemplan las diferencias que Nación debería cubrir respecto del anticipo de $120.000 millones acordado con la provincia. Además, afirmó que el gobierno nacional dejó de pagar ese anticipo dos meses después de la firma del convenio.
MENOS FONDOS PARA OBRAS
En materia de inversión pública, el legislador señaló que los recursos previstos para proyectos en territorio santafesino implican una caída del 33,5% en términos reales respecto de los niveles utilizados como referencia en su análisis. La provincia recibiría, según sus cálculos, apenas el 2,3% del total de la inversión nacional prevista para las jurisdicciones provinciales.
Agosto sostuvo que Santa Fe se encuentra entre las cuatro provincias más perjudicadas por la distribución de estos recursos. Los 15 proyectos incluidos para el territorio santafesino corresponden, en su mayoría, a trabajos de mantenimiento vial y cuentan con partidas que, según el diputado, resultan acotadas para garantizar un impacto significativo y plazos de ejecución definidos.
El legislador también cuestionó el traspaso de 457 obras viales a provincias y municipios por un período de 20 años. Entre ellas mencionó la ruta AO12, cuyo mantenimiento, conservación, rehabilitación y eventual ejecución de nuevas obras quedaría a cargo de la provincia, sin recursos adicionales asociados a esas responsabilidades.
El análisis también señala que el proyecto no incluye obras consideradas relevantes para Santa Fe, como la ampliación de las plantas potabilizadoras de la ciudad de Santa Fe y de Granadero Baigorria.
En ese sentido, Agosto vinculó la situación con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que tenía participación en ese tipo de proyectos. También cuestionó el nivel de inversión nacional en vivienda luego de la eliminación del Procrear y del Fondo de Vivienda Social.
Según el diputado, la función Vivienda aparece en el proyecto de Presupuesto 2027 con $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total.
MENOS PARA INFRAESTRUCTURA
Otro de los puntos planteados es el de las transferencias de capital destinadas a las provincias para financiar infraestructura. De acuerdo con el análisis de Agosto, Santa Fe registra una caída real del 95% respecto de la ejecución de 2023.
El legislador interpretó esa reducción como parte de un esquema en el que el Estado nacional disminuye su participación en el financiamiento de obras mientras las provincias asumen mayores obligaciones.
El transporte constituye otro de los ejes de la crítica. Agosto recordó que el Fondo Compensador para el Transporte del Interior dejó de funcionar en 2024 y que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla una partida para restablecerlo.
En contraste, señaló que se prevén $762.000 millones para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante los fideicomisos SISTAU y SIFER.
DISCAPACIDAD Y ASIGNACIONES
El planteo del interbloque justicialista también alcanza al gasto social. Uno de los cuestionamientos está dirigido a las modificaciones previstas para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Según Agosto, el proyecto modifica las condiciones de acceso, establece el haber en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso, mientras deja parte de los requisitos sujetos a una futura reglamentación del Poder Ejecutivo.
También cuestionó la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares y la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En paralelo, Agosto señaló que el proyecto contempla beneficios impositivos para concesionarios viales y de obras públicas, sujetos a que las provincias adopten beneficios similares.
Para el legislador, el conjunto de medidas previstas para 2027 configura un esquema en el que Nación reduce su participación en determinados gastos y transfiere responsabilidades a las provincias. Su conclusión es que ese proceso genera un impacto particularmente fuerte sobre Santa Fe, tanto por la reducción de recursos para infraestructura como por la ausencia de partidas para áreas y servicios que, según su planteo, requieren financiamiento nacional.
El legislador, integrante del interbloque de diputados justicialistas, cuestionó distintos aspectos del proyecto a través de un proyecto de comunicación referido al impacto de las previsiones nacionales sobre Santa Fe.
Uno de los puntos señalados es el financiamiento de la Caja de Jubilaciones provincial. Según Agosto, los fondos previstos no contemplan las diferencias que Nación debería cubrir respecto del anticipo de $120.000 millones acordado con la provincia. Además, afirmó que el gobierno nacional dejó de pagar ese anticipo dos meses después de la firma del convenio.
MENOS FONDOS PARA OBRAS
En materia de inversión pública, el legislador señaló que los recursos previstos para proyectos en territorio santafesino implican una caída del 33,5% en términos reales respecto de los niveles utilizados como referencia en su análisis. La provincia recibiría, según sus cálculos, apenas el 2,3% del total de la inversión nacional prevista para las jurisdicciones provinciales.
Agosto sostuvo que Santa Fe se encuentra entre las cuatro provincias más perjudicadas por la distribución de estos recursos. Los 15 proyectos incluidos para el territorio santafesino corresponden, en su mayoría, a trabajos de mantenimiento vial y cuentan con partidas que, según el diputado, resultan acotadas para garantizar un impacto significativo y plazos de ejecución definidos.
El legislador también cuestionó el traspaso de 457 obras viales a provincias y municipios por un período de 20 años. Entre ellas mencionó la ruta AO12, cuyo mantenimiento, conservación, rehabilitación y eventual ejecución de nuevas obras quedaría a cargo de la provincia, sin recursos adicionales asociados a esas responsabilidades.
El análisis también señala que el proyecto no incluye obras consideradas relevantes para Santa Fe, como la ampliación de las plantas potabilizadoras de la ciudad de Santa Fe y de Granadero Baigorria.
En ese sentido, Agosto vinculó la situación con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que tenía participación en ese tipo de proyectos. También cuestionó el nivel de inversión nacional en vivienda luego de la eliminación del Procrear y del Fondo de Vivienda Social.
Según el diputado, la función Vivienda aparece en el proyecto de Presupuesto 2027 con $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total.
MENOS PARA INFRAESTRUCTURA
Otro de los puntos planteados es el de las transferencias de capital destinadas a las provincias para financiar infraestructura. De acuerdo con el análisis de Agosto, Santa Fe registra una caída real del 95% respecto de la ejecución de 2023.
El legislador interpretó esa reducción como parte de un esquema en el que el Estado nacional disminuye su participación en el financiamiento de obras mientras las provincias asumen mayores obligaciones.
El transporte constituye otro de los ejes de la crítica. Agosto recordó que el Fondo Compensador para el Transporte del Interior dejó de funcionar en 2024 y que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla una partida para restablecerlo.
En contraste, señaló que se prevén $762.000 millones para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante los fideicomisos SISTAU y SIFER.
DISCAPACIDAD Y ASIGNACIONES
El planteo del interbloque justicialista también alcanza al gasto social. Uno de los cuestionamientos está dirigido a las modificaciones previstas para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Según Agosto, el proyecto modifica las condiciones de acceso, establece el haber en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso, mientras deja parte de los requisitos sujetos a una futura reglamentación del Poder Ejecutivo.
También cuestionó la derogación de la movilidad de las asignaciones familiares y la falta de restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
En paralelo, Agosto señaló que el proyecto contempla beneficios impositivos para concesionarios viales y de obras públicas, sujetos a que las provincias adopten beneficios similares.
Para el legislador, el conjunto de medidas previstas para 2027 configura un esquema en el que Nación reduce su participación en determinados gastos y transfiere responsabilidades a las provincias. Su conclusión es que ese proceso genera un impacto particularmente fuerte sobre Santa Fe, tanto por la reducción de recursos para infraestructura como por la ausencia de partidas para áreas y servicios que, según su planteo, requieren financiamiento nacional.
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