“Yo sé hacer negocios”. Con esa idea como eje, Leandro David Pérez intentó explicar ante la Justicia Federal de Rosario cómo construyó el patrimonio que ahora forma parte de una investigación por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Dijo que se dedica a comprar y vender vehículos, que también se involucró en la construcción y que cada operación de sus negocios puede ser respaldada con facturas, cheques y documentación. Negó, de manera enfática, haber recibido dinero de organizaciones narcocriminales y sostuvo que las sospechas en su contra están contaminadas por una historia de exposición mediática que, según su versión, comenzó cuando mantuvo una relación sentimental con la mediática Victoria Xipolitakis.

Su descargo no convenció al juez federal de Rosario Nº 3, Carlos Vera Barros. La resolución terminó procesando a Pérez, a su hijo Agustín Leandro Pérez, a Marcelo Eduardo Malatesta y al ex policía Maximiliano Emanuel Novillo como autores de lavado de activos de origen delictivo, previsto en el artículo 303 inciso 1º del Código Penal. En el caso de Novillo se sumó además un procesamiento por otra modalidad contemplada en ese mismo artículo.

Pero antes de que el juez analizara las pruebas, Pérez tuvo la oportunidad de explicar su versión. Y eligió hacerlo en términos particularmente personales.


“NUNCA ESTUVE CON NINGÚN NARCOTRAFICANTE”

Pérez sostuvo que todos los vehículos mencionados en la imputación estaban justificados y que las compras y ventas habían sido facturadas. “Yo me dedico a la venta y compra de vehículos”, declaró. Según su relato, compraba las unidades con facturas y cheques de las empresas, las revendía con factura, obtenía una ganancia y pagaba los impuestos correspondientes.

También negó cualquier relación con las principales figuras del narcotráfico rosarino que aparecen mencionadas en la investigación.

“Ni hoy ni nunca estuve con ningún narcotraficante ni tomé dinero de ningún narcotraficante”, afirmó durante su indagatoria. Y sostuvo que las escuchas telefónicas incorporadas al expediente no podían demostrar una relación de ese tipo.

En particular, se refirió al empresario narco Luis Medina, a quien dijo haber visto apenas dos veces porque en una oportunidad había ido a comprarle un automóvil que finalmente no le vendió. También rechazó haber tenido vínculos con el entorno de Medina, con “Los Monos” o con Esteban Lindor Alvarado. Admitió, en cambio, que había vendido vehículos a personas que aparecen en investigaciones judiciales, pero presentó esas operaciones como parte de la actividad comercial habitual de una concesionaria.

Su explicación fue directa: venderle un vehículo a alguien que luego aparece vinculado con un delito, argumentó, no convierte automáticamente al vendedor en integrante de una organización criminal.


LA EXPLICACIÓN MEDIÁTICA

Pérez dedicó una parte significativa de su declaración a explicar por qué, según él, quedó asociado durante años al mundo del narcotráfico.

Ubicó el comienzo de esa historia en 2015, cuando mantuvo una relación con Xipolitakis. A partir de aquella exposición pública, sostuvo, comenzaron a circular versiones que lo relacionaban con el narcotráfico.

“De ahí vendieron pescado podrido a Buenos Aires”, afirmó, al referirse a la difusión de esas versiones en medios porteños. Según su relato, aquella exposición terminó condicionando la manera en que se interpretaba cualquier operación comercial que realizara.

“Uno tiene habilidades para hacer dinero y ¿por qué tiene que ser siempre la droga?”, planteó ante el juez.


“VENDÍ 40 DEPARTAMENTOS, NO TRES”

La otra gran explicación de Pérez para su patrimonio fue la construcción. Durante su declaración sostuvo que había comprado en 2012 el terreno donde posteriormente se levantó el edificio de avenida Pellegrini al 3800 y que, mediante acuerdos con propietarios de terrenos linderos, desarrolló el emprendimiento.

“Vendí 40 departamentos”, aseguró. No se trataba, según su planteo, de una operación inmobiliaria pequeña ni aislada sino de un desarrollo de gran magnitud.

Pérez defendió así la existencia de una actividad económica capaz de explicar su patrimonio: por un lado, la compraventa de automóviles; por otro, el negocio inmobiliario.

La fiscalía, sin embargo, tomó esa misma explicación comercial y la confrontó con la información contable y fiscal reunida durante la investigación.


EL PUNTO DONDE EL DESCARGO CHOCÓ CON LOS NÚMEROS

Según los fiscales, la principal dificultad de la explicación de Pérez aparece en Transporte Overland SRL, sociedad a través de la cual se atribuye al grupo la adquisición de una extensa cantidad de vehículos.

El expediente señala que la empresa recién incorporó formalmente el rubro de venta de automotores usados en junio de 2024. Sin embargo, antes de esa fecha ya había incorporado decenas de vehículos que, según los investigadores, no fueron reflejados adecuadamente en sus estados contables y declaraciones juradas.

Los fiscales sostuvieron que los niveles de facturación declarados eran muy inferiores al valor de los bienes adquiridos y concluyeron que la sociedad no tenía capacidad económica suficiente para explicar semejante flota.

La investigación también detectó que ARCA había informado una cantidad de vehículos superior a la que aparecía declarada por la empresa. El informe fiscal señala, por ejemplo, que en 2022 la sociedad incorporó vehículos por más de $58 millones, mientras que sus ventas netas de ese año habían sido de unos $22,9 millones.

Para los investigadores, esa diferencia no puede explicarse simplemente por la compraventa legítima de vehículos.


LAS ESCUCHAS QUE EL JUEZ UTILIZÓ CONTRA SU VERSIÓN

Otro punto central de la resolución son las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación.

Los fiscales Matías Scilabra y Juan Argibay Molina destacaron una comunicación de septiembre de 2025 en la que Pérez le comentó a su pareja que un tercero había comprado tres camionetas “a precio de flota” y que una de ellas la habían adquirido “con la plata que le pedí al tipo de la hipoteca”.

En otra conversación habló de dos motos BMW, de vender una KTM al contado y de cobrar una cuota correspondiente a una moto que había vendido.

Para el Ministerio Público, esas conversaciones constituyen indicios de una operatoria comercial de volumen y de movimientos de dinero cuyo origen no estaba debidamente exteriorizado.

El juez también destacó otra conversación, del 25 de septiembre de 2025, en la que Pérez hablaba de una camioneta Ford Ranger blanca que acababa de recibir. Esa camioneta fue posteriormente observada por investigadores de la Policía Federal en su domicilio laboral de Fraga 145, pero estaba registrada a nombre de Trial Internacional SA, una sociedad perteneciente a Víctor Sergio Colatti.


EL EDIFICIO DE PELLEGRINI Y LOS 320 MIL DÓLARES

La construcción fue otro de los puntos donde la versión de Pérez encontró reparos en el expediente.

El empresario aseguró haber construido y vendido 40 departamentos. La investigación, en cambio, estableció que la obra continuaba en ejecución y comercialización durante 2025.

Una de las escuchas incorporadas al expediente registra una conversación en la que un potencial comprador consulta por una unidad y Agustín Pérez le informa que la torre se encuentra en terminación, describe sus características y fija el precio en 320 mil dólares. También aparece un perfil de Instagram dedicado al emprendimiento y un cartel de obra que identificaba a Agustín como responsable de “Coordinación y ventas”.

A eso se sumó la información fiscal: según la resolución, Pérez había presentado en cero su declaración de Ganancias correspondiente a 2021 y omitido presentaciones desde 2023. Para 2022, el activo total declarado ante el fisco era de $40,4 millones, una cifra que los investigadores consideraron incompatible con la magnitud de la construcción.

El informe socioambiental elaborado por la Policía Federal también consignó que Pérez se presentó como comerciante por cuenta propia y declaró ingresos mensuales por $5 millones. El relevamiento describió el departamento en el que reside como una vivienda de seis ambientes, con características que los investigadores consideraron incompatibles con esos ingresos y con el patrimonio exteriorizado fiscalmente.


“TODO LO QUE TENGO ES MÍO GENUINO”

Pérez insistió hasta el final en que su patrimonio tenía una explicación lícita y trabajada.

“Todo lo que tengo es mío genuino”, afirmó. Dijo trabajar desde temprano hasta la noche y pidió que las escuchas fueran interpretadas también desde esa perspectiva: como el registro de una persona dedicada permanentemente a hacer negocios.

Incluso comparó su situación con la de alguien que gana el Quini 6 y luego compra una Ferrari: “¿Vende droga?”, preguntó retóricamente.

Su defensa, en definitiva, buscó presentar la acumulación patrimonial como el resultado de una capacidad comercial y empresarial que había sido malinterpretada por su exposición pública y por sus contactos ocasionales con personas que posteriormente quedaron vinculadas al narcotráfico.


LA RESPUESTA DE LOS FISCALES Y DEL JUEZ

La fiscalía rechazó esa explicación. Para los investigadores, no se trata de una serie de operaciones aisladas sino de una operatoria patrimonial sostenida durante años, con vehículos, inmuebles, sociedades y fideicomisos.

A ese cuadro le sumaron los vínculos que atribuyen a Pérez con personas investigadas o condenadas por narcotráfico y lavado, entre ellas Ariel Spadoni y miembros de estructuras vinculadas a Julio Rodríguez Granthon. También señalaron como antecedente que Pérez había sido condenado en febrero de 2023 por la Justicia provincial por lavado de activos simple.

El juez terminó haciendo suyo el núcleo de esa argumentación. Consideró que la cantidad y reiteración de las operaciones patrimoniales, el elevado valor de los bienes, la utilización de sociedades, la administración de inmuebles destinados a la venta y los vínculos investigados con actividades relacionadas con el narcotráfico superaban el umbral probatorio requerido para dictar un procesamiento.

El procesamiento, vale remarcar, constituye una decisión propia de esta etapa del proceso y no equivale a una condena. La resolución sostiene que existen elementos suficientes para considerar, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, que los imputados participaron del delito investigado.

Para Pérez, en cambio, la explicación sigue siendo otra: no una fortuna construida con dinero sucio, sino el resultado de comprar y vender autos, construir departamentos y aprovechar oportunidades comerciales en una ciudad donde, según su propia expresión, “nunca te van a perdonar un pequeño éxito”.